La campaña ciudadana Stop Killing Games triunfa en un primer escollo, conseguir votos válidos suficientes. Lo que comenzó como una petición impulsada por el creador de contenido Ross Scott ha superado todas las expectativas. Tras alcanzar 1,45 millones de firmas, la iniciativa entra en fase de verificación con una tasa de validez preliminar del 97%. Este dato, aunque parcial, indica que el umbral de un millón de firmas válidas será superado sin dificultad.
Nos encontramos ante un momento clave. La Comisión Europea ha recibido la documentación y ahora se inicia un proceso técnico que durará aproximadamente tres meses. Durante este tiempo, los Estados miembros revisan aleatoriamente las firmas para confirmar su autenticidad. Este procedimiento, regulado por el Reglamento (UE) n.º 211/2011, garantiza que las iniciativas ciudadanas que llegan al Parlamento tengan legitimidad democrática.
La comunidad que respalda Stop Killing Games no ha dejado de crecer. El mensaje es claro: los consumidores deben conservar el acceso a los videojuegos que han adquirido, incluso si las empresas cierran servidores o retiran títulos. Esta postura choca con prácticas actuales de la industria, donde el modelo digital permite a las compañías revocar el acceso a productos comprados, alegando motivos técnicos o comerciales.
La iniciativa ha recibido apoyo institucional. Nicolae Ștefănuță, vicepresidente del Parlamento Europeo, ha firmado públicamente la petición. Su declaración refuerza el argumento central: una vez vendido, el juego pertenece al comprador. Esta visión, compartida por miles de jugadores, se convierte en un principio de defensa del consumidor en la era digital.
El equipo detrás de Stop Killing Games ha comunicado que trabaja en estrategias legislativas. Se están realizando contactos con eurodiputados y miembros de la Comisión para asegurar que la propuesta no quede relegada. También se combate la desinformación y se refuerzan las estructuras comunitarias que sostienen el movimiento. Aunque parte de estas acciones se mantienen en reserva, se ha prometido transparencia progresiva a través de canales oficiales y creadores aliados.
La validación de firmas no es el final. Es el inicio de una fase política donde se debatirá el contenido de la propuesta. Si la Comisión decide avanzar, se abrirá un proceso legislativo que podría culminar en una norma europea que proteja el acceso permanente a videojuegos adquiridos. Esto implicaría cambios en la gestión de licencias, servidores y derechos digitales.
Stop Killing Games triunfa porque ha logrado movilizar a una comunidad diversa. Jugadores, desarrolladores y defensores de derechos digitales han encontrado un punto común. La iniciativa no solo plantea una cuestión técnica, sino una reflexión sobre propiedad, acceso y cultura digital. En un entorno donde los productos se desmaterializan, el derecho a conservar lo comprado se convierte en un nuevo frente de batalla.
La revisión continúa, pero los datos iniciales son contundentes. La tasa del 97% de validez, aunque parcial, muestra que el respaldo ciudadano es real. Si se mantiene, la Comisión Europea deberá escuchar. Y si lo hace, se abrirá un debate que puede transformar la relación entre consumidores y empresas tecnológicas.